El cardenal Rouco afirma que “Educación para la Ciudadanía” supone “una vuelta atrás en la consideración jurídica del principio de libertad de enseñanza”
¿Es el Estado quien debe educar a los alumnos? O, ¿son los padres quienes deben ejercer su derecho a escoger la enseñanza que quieren darle a sus hijos? El arzobispo de Madrid ahondó ayer en las "incertidumbres" de la LOE: elección de centros y educación en libertad
La nueva materia de la LOE, definida legalmente como 'educación ético-cívica', "dificulta el ejercicio del derecho de elección de la enseñanza por parte de los padres en materia de fe, de religión y de moral". Para el cardenal Rouco, en nuestro país “el punto histórico de partida fue de convergencia en la concepción del derecho a la educación”, al menos en la “definición jurídica y su valoración formal como un derecho fundamental”.
Así, en su magistral conferencia que pronunció en el Club Siglo XXI, hizo alusión al Art. 27 de la Constitución Española de 1978, en el que “en virtud del principio de la libertad de enseñanza se obliga explícitamente a los poderes públicos a garantizar el derecho que asiste a los padre para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones”.
De este modo consideró que “el sistema educativo español, articulado en torno a las dos grandes leyes orgánicas de la década de los ochenta reveló lagunas estructurales, las deficiencias antropológicas de sus objetivos y contenidos y los fallos pedagógicos de su funcionamiento" y puso como ejemplo el aumento del fracaso escolar o el descenso de la disciplina. Sin embargo, pese a la aprobación de una nueva Ley Orgánica de Educación, el 3 de mayo de 2006, el cardenal Rouco advirtió que “los inveterados problemas siguen ahí.
“Con la LOE no se ha conseguido restablecer el equilibrio jurídico entre los dos principios pre-jurídicos y político-culturales que inspiran el Art. 27 de la Constitución, el de la universalidad del derecho a la educación y el de la libertad de enseñanza”, matizó. Según dijo, esta ley supone "una acentuación" de la línea regulatoria educativa que viene imponiéndose desde los años ochenta que, sin embargo, "no mejora la situación" ya que "las ofertas de centros de educación está condicionadísima por múltiples factores, que hacen difícil usar ese derecho". Por este motivo, precisó, "los padres se encuentran ante una posibilidad de teórica de elegir".
Además, añadió que “el tratamiento dado al régimen académico de la clase de religión y moral católica por la nueva Ley y la introducción de una nueva materia escolar obligatoria, titulada “Educación para la Ciudadanía”, confirma la vuelta atrás en la consideración jurídica del principio de libertad de enseñanza”, ya que, por ejemplo, “la enseñanza de la religión y moral católica vuelve a quedar sin alternativa de valor académico equiparable”.
“El derecho fundamental a la educación participa de la misma crisis antropológica que los demás derechos fundamentales, sometidos con creciente y preocupante frecuencia a un proceso de hermenéutica jurídica que relativiza hasta la desfiguración sus contenidos, su objeto y, lo que es más grave, su sujeto”, afirmó.
Recordando que “en los momentos más graves de las crisis históricas, que ha padecido la Iglesia, siempre se ha apelado al imperativo de la vuelta a los orígenes y a las fuentes del propio ser e identidad: a Jesucristo y a su Evangelio”, el cardenal Rouco concluyó su intervención en el Club Siglo XXI pidiendo una vuelta a “a la Constitución Española de 1978 asumida igualmente como un compromiso moral de todos los españoles, y a sus fórmulas culturales, políticas y jurídicas, generosas y fecundas, que abrieron para España las puertas históricas de un nuevo futuro de libertad, solidaridad, justicia y paz” y una vuelta a “los Acuerdos entre la Santa Sede y el Reino de España, en lo que la atañe especialmente a la problemática de la educación”.
En el coloquio posterior, el cardenal Rouco incidió en que si el Estado regula aspectos internos de la nueva asignatura “Educación para la Ciudadanía”, “se estará formando la conciencia moral de los alumnos”, alertó, porque “va más allá de la neutra información sobre las leyes vigentes o sobre la cultura universal del derecho, afecta muy gravemente al derecho de la persona”.
Para el cardenal Rouco, son los padres los primeros educadores de sus hijos y tienen el pleno derecho y la obligación de elegir la enseñanza que van a recibir sus hijos. La objeción de conciencia, señaló, es un derecho “que no implica una obligación moral estricta”.
Otro aspecto al que se refirió es el de la elección del centro. Para el cardenal, la LOE no mejora la situación de la LOGSE en este ámbito sino que quien domina es la Administración. La reducción del horario lectivo de la materia de Religión, el profesorado competente que la imparte, los Reales Decretos… “son problemas serios que nos preocupan mucho”.