Redundando en la protesta contra la ley de educación de la Generalitat, Fórum Libertas publica:
LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA SE JUEGA EN CATALUÑA
Ernest Maragall, hermano del que fue presidente de la Generalitat Pasqual Maragall, tuvo la iniciativa de lanzar una nueva ley de enseñanza. El primer borrador que se dio a conocer despertó muchas esperanzas en el sentido que parecía apuntar algunos de los problemas graves que tienen planteados el sistema educativo y los centros escolares, sobre todo, los públicos. Hay que recordar que el fracaso escolar se ceba mucho más en estos últimos.
El recurso a la inmigración como explicación del problema no es ni de lejos satisfactorio, porque no permite justificar los malos resultados de la enseñanza pública en aquellos centros donde el número de inmigrantes es reducido, ni tampoco da cuenta del por qué los centros concertados, normalmente religiosos, con muchos inmigrantes, obtienen mejores resultados que las escuelas del Estado.
Aquella ley, que tenía aspectos, como es lógico, discutibles, pero que estaba bien enfocada, se ha visto substancialmente modificada. Han aparecido más de una veintena de artículos nuevos que, unidos a las modificaciones de los preexistentes, definen un panorama trágico.
Es trágico en primer lugar porque no enfoca el déficit educativo de los centros públicos, al renunciar a dos principios fundamentales: dotarlos de una dirección profesionalizada y de calidad que permita recuperar el principio de autoridad y orden, hoy perdido; y porqué no desarrolla la necesaria autonomía de estos centros, sin la que una enseñanza responsable y de calidad resulta muy difícil.
Asimismo, los padres continúan siendo los grandes marginados de la historia, a pesar de que hoy sabemos científicamente que el rendimiento escolar depende de ellos mucho más, como tres veces más, que de la escuela. El que la ley prevea que los padres deban firmar un papel conforme se preocuparán de la educación de sus hijos como gran solución es, y perdónese la expresión, una estupidez, un recurso propio de la política española del siglo XIX, que pensaba que la realidad se arreglaba en base al papeleo.
Implicar a los padres en la educación de sus hijos significa mejorar el capital social de las familias expresado sobre todo en capacidad de atención a los hijos y el de las escuelas, tanto en sí mismas como en relación a los padres. Ninguna estrategia dibuja la ley en este sentido.
Estos cambios a peor han sido provocados, sobre todo, para contemplar el maximalismo decimonónico de IC, y también por parte de ERC, que se desdice así de todo lo que acordó cuando el Departamento de Enseñanza estaba en sus manos.
Pero tanto o más grave, tanto o mas trágico, que el no atender al hundimiento continuado de la escuela pública –¿es necesario recordar los resultados en los informes PISA de este sector de la enseñanza?- ahora lo que se pretende es liquidar la ya de por sí limitada libertad de enseñanza que existe, desvirtuando la escuela concertada.
El derecho constitucional de los padres a elegir para sus hijos la educación moral y religiosa más acorde a sus principios requiere, obviamente, de libertad de crear centros y hacerlos funcionar, sin que ello comporte una discriminación económica, es decir sin que se tenga que pagar para ejercer la libertad que la Constitución otorga. Este es el fundamento de la existencia de la escuela concertada, cuya financiación absolutamente insuficiente no nace de un favor del Estado sino del ejercicio-imperfecto- de aquel derecho de los padres.
Ahora en Cataluña el tripartito, de la mano de Ernest Maragall, intenta simplemente estatificar la red concertada, de manera que o pasa a formar parte del sistema público perdiendo toda identidad y, por consiguiente, liquidando la libertad, o deja de recibir los dineros del convenio. Esto es un atentado a un derecho constitucional, y es grave.
La medida no se para en detalles y expulsa del concierto a aquellas escuelas que aplican la educación diferenciada, a pesar de que ésta no sólo es constitucional, cosa que ya bastaría, sino que además está reconocida por la UNESCO como un principio pedagógico absolutamente válido. En el caso español, la educación diferenciada no solo no debería ser discriminada sino que debería ser estudiada en relación a los centros públicos, porque el gran problema de nuestro fracaso escolar radica precisamente en el resultado de los chicos. Si la media de fracaso se sitúa en el 30% el doble de Europa, el de los chicos supera el 35%. Cataluña, y en esto no se diferencia nada del resto de España, no podrá reducir esta lacra si no aplica políticas específicas dirigidas a mejorar la situación de los estudiantes masculinos.
Pero nada de esto importa al Gobierno de la Generalitat. Aquí los resultados, el progreso, el bienestar, los derechos de los padres, no tienen ningún interés, lo único que cuenta es politizar la educación y conseguir que todas las escuelas dependan del gobierno de la dictadura de lo políticamente correcto.
Aunque lo he colgado entero el artículo, pongo el enlace p'or el interés de otros escritos en F.L. :
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